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07/11/2013 - Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

II Cumbre Político Empresarial de Lucha contra la Morosidad

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha celebrado hoy un encuentro con una destacada representación institucional en el que ha conseguido promover un gran pacto político-empresarial en intenciones y compromisos con fecha para reducir los plazos de pago en España, en el que han participado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Cristóbal Montoro), el director general del Área de Industria de la Comisión Europea (Daniel Calleja) y el secretario de Estado de Administraciones Públicas (Antonio Beteta), entre otros.

El ministro, que se ha comprometido a que a final de año las administraciones públicas españolas dejarán de ser morosas, ha explicado que las leyes de deuda comercial y de la factura electrónica (ambas, en tramitación en el Senado) acabarán definitivamente con la dilación pública de los plazos de pago.

Por su parte, el director general del Área de Industria de la Comisión Europea ha querido emplazar a la PMcM a una reunión en enero del próximo año para analizar conjuntamente la problemática de la morosidad en nuestro país y buscar posibles soluciones efectivas.

Durante el transcurso del acto, tanto los representantes de Economía de los grupos políticos que configuran el Congreso de los Diputados, como diversos expertos en morosidad de los ámbitos empresarial, jurídico y económico, realizaron un análisis exhaustivo de la situación de la morosidad en España, una lacra que según datos de la PMcM ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis.

Los participantes en la cumbre, a la que han asistido casi 300 organizaciones empresariales, autónomos y directivos de compañías, coincidieron en que se hace necesario tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación sobre morosidad. La más llamativa fue la propuesta por el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, que pretende crear un régimen sancionador para disuadir a aquellas empresas que, a pesar de las legislaciones española y europea, sigan retrasando sus pagos.

“Queremos crear un sistema similar al que existe en el comercio minorista, en el que si no se paga en plazos legales uno puede ser denunciado y sancionado”, asegura. En su opinión, “es inaceptable que haya empresas que paguen a 300 días, tal y como hemos constatado desde la PMcM en un reciente análisis que realizamos de los balances del sector no financiero publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)”. Las empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 redujeron en 2012 en un 13% su plazo medio de pago a proveedores con respecto al año anterior, pero el período medio alcanzó los 178 días, más del doble del máximo fijado por la ley para ese año (75 días). Desde la PMcM, “proponemos que se normalicen los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, a través de un régimen sancionador que se aplique de manera progresiva para asegurar su total cumplimiento de la manera más eficaz”, explica Cañete.

En este sentido, a propuesta de Convergencia i Unió (CiU), y con el respaldo de los grupos parlamentarios, en el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador.

Otras propuestas

Para reducir de forma efectiva la morosidad, la PMcM propuso también implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; generalizar la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

Hecho histórico en la lucha contra la morosidad

“Tras la primera edición de esta Cumbre de Morosidad celebrada el 20 de octubre de 2010, en la que exitosamente conseguimos cambiar la Ley, organizamos esta nueva convocatoria con la intención de que se convirtiera en un revulsivo en la lucha contra la morosidad y creemos que lo hemos conseguido”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. “La numerosa asistencia de público y el gran nivel de participantes en las jornadas revelan la vital importancia de hacer cumplir y garantizar los plazos de pagos a proveedores en España”, sentencia.

Entre otros logros de la PMcM se encuentra el ver satisfechas sus reivindicaciones en cuanto a suprimir el pacto entre las partes, acabar con el trato de favor de los subcontratistas y la puesta en marcha de planes de pago a proveedores por parte del Gobierno.

Caso de éxito, el consistorio barcelonés

El Ayuntamiento de Barcelona es una las entidades más comprometidas con erradicar la morosidad. Según su teniente de alcalde de Economía, Empresa y Ocupación, Sònia Recasens, "el pago a 30 días a proveedores es un objetivo estratégico en materia económica del Ayuntamiento de Barcelona que contribuye a que las empresas sean más competitivas y a acabar con la asfixia económica a la que son sometidas. También ayuda a garantizar una mayor solvencia económica y cumplir los rigurosos objetivos económicos y financieros que se marca el Ayuntamiento para convertir la ciudad en el motor del crecimiento económico del país”.

En su opinión, “hay que remarcar que mantener estos objetivos es imprescindible de cara a preservar la estabilidad financiera y la credibilidad de nuestra institución, y que estos valores no son un fin en sí mismos, sino la herramienta imprescindible para hacer frente a la sostenibilidad y a las políticas sociales de calidad. Además, es reseñable el paso más que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona al exigir a sus proveedores que subcontraten la ejecución de servicios municipales que paguen la factura a la empresa subcontratada también en un plazo máximo de 30 días, a fin de asegurar que la liquidez llegue hasta el final de la escala de la economía productiva".


Otros datos de estudios anteriores de la PMcM

Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.

Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

Por otra parte, la PMcM realizó un análisis de los balances del sector no financiero publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), según el cual, en líneas generales, algunas empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. Aunque estas grandes compañías redujeron en 2012 en un 13% su plazo medio de pago a proveedores con respecto al año anterior, lo cierto es que el período medio alcanzó los 178 días, más del doble del máximo fijado por la ley para ese año (75 días).

Por sectores, el de la Construcción e Inmobiliario fue el peor pagador, alcanzando los 301 días de plazo medio de pago en 2012. Le siguieron, Servicios y Comercio (248), el Industrial (215), y el de Energía (109). Excepto el sector Industrial, que experimentó un incremento del plazo medio de pago de un 1% respecto a 2011, el resto de sectores registraron mejoras. Las empresas cotizadas en el selectivo grupo del IBEX 35 pertenecientes al segmento de la Construcción e Inmobiliario lo redujeron en un 22% y las de Energía un 17%, mientras que en Comercio y Servicios tan solo descendió un 3%.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Más información:
Anabel Palacio
a.palacio@romanyasociados.es
91 591 55 00
650 03 09 46.

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